Caja Rural de Salamanca muestra su solidez ante las nuevas exigencias de saneamiento del sector financiero

Caja Rural de Salamanca podrá cumplir con las nuevas exigencias de provisiones y colchones de capital exigidos por el Gobierno y publicados en el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, cuyo propósito es devolver a la banca española la credibilidad en los mercados.

Los responsables de la entidad charra consideran “adecuadas” las nuevas medidas. “A nuestro juicio, la puesta a valor de mercado de los activos relacionados y vinculados al sector de la promoción inmobiliaria supondrá credibilidad para el sistema y la percepción de confianza y seriedad que los mercados y la sociedad esperan”, señalaron.

Asimismo, subrayaron que el impacto de estas exigencias en el sistema financiero es “de tal magnitud que sólo las entidades sólidas podrán cumplir los nuevos requisitos”. A pesar de ello, Caja Rural de Salamanca podrá cumplir con ellas “sobradamente”, aseguraron.

Los expertos de la entidad estiman en unos cuatro millones de euros las dotaciones necesarias para alcanzar las coberturas exigidas por la reforma financiera. Dicha cuantía será detraída del colchón de provisión genérica de la Caja, que se cifra por encima de los ocho millones de euros.

Por su parte, las exigencias de dotación por inmuebles adjudicados a 31 de diciembre de 2012 “apenas tendrán impacto, ya que por naturaleza, antigüedad y coberturas que tenía su cartera de adjudicados requerirán cantidades poco significativas, tanto en provisión como en colchones de capital”. Ello se debe a que “los segmentos más penalizados por la nueva normativa (suelo y promoción en curso) no suponen importes significativos en su cartera inmobiliaria al cierre del pasado ejercicio.

Por otro lado, Caja Rural de Salamanca también muestra su solidez en capital principal. El colchón adicional exigido por la inversión crediticia de acuerdo con los requisitos de la nueva regulación se situaría en torno a 1,5 millones de euros. A 31 de diciembre de 2011, la Caja contaba con un capital principal superior a los 60 millones de euros y sus recursos propios totales exceden los 74 millones de euros.

Las necesidades exigidas en el acuerdo internacional de Basilea se cifran en 37 millones de euros, lo que “nos da un superávit lo suficientemente holgado para cumplir sin problemas las necesidades adicionales ahora requeridas”, indicaron los expertos de la entidad.